16/12/2018
180-Ene-Dic 2018

marina safor

Rincón Jurídico Edicion Nº180-Ene-Dic 2018

Las exigencias de la nueva contratación administrativa desde el 9 de marzo de 2018

Joan Ponsoda web 9/3/2018

Publicación en el BOE


   Hoy viernes 9 de marzo ha entrado en vigor, tras su publicación en el BOE, la nueva Ley que regula la contratación pública. Me refiero a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
   Esta nueva Ley posee como objetivo fundamental combatir la corrupción en la contratación pública utilizando para ello una regulación exhaustiva. Como bien se observa en el nombre de la citada Ley, la misma nace de dos Directivas Europeas, la 23 y la 24 de 2014, también proviene de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2015 y de varios acuerdos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, órgano de referencia en ámbito nacional en materia de contratación.
   Una vez analizado el origen de la nueva Ley, pasemos a ver los cambios sustanciales que la misma trae consigo.
   Empezaremos por las “cláusulas sociales”, que, además de constituir un precepto nuevo, considero que será uno de los más importantes, debido a que el mismo podrá ser causa de desempate entre licitadores frente a la administración, tal y como se prevé en el artículo 147. Estas cl´usulas sociales vienen acompañadas de consideraciones de tipo social y medioambiental estableciéndolas como requisitos formales a la hora de valorar las ofertas de licitación. Las mismas determinan la contratación de empresas que posean trabajadores con discapacidad, parados de larga duración, que utilicen recursos para evitar daños al medioambiente, que entre sus trabajadores haya un mayor número de mujeres que de hombres, entre otros. Todas estas cuestiones las deberá de tener muy presente la mesa de contratación a la hora de adjudicar el correspondiente contrato.
   Otro de los cambios importantes es que el Secretario de la Administración local deberá de supervisar que el licitador respete las condiciones del contrato (art. 201). Es decir, deberá supervisar periódicamente cómo evoluciona “la obra, el suministro o servicio” contratado y si la empresa adjudicataria del contrato cumple con sus obligaciones laborales frente a sus trabajadores. La empresa contratante deberá estar al día con todas las obligaciones que tuviera frente a sus trabajadores. Así, tanto la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunitat Valenciana como las administraciones locales deberán contar con personal especializado en materia laboral para poder desempeñar tal función y obligación que la nueva Ley de contratación exige.
    Respecto a la modificación de la unidad de ejecución de los contratos celebrados con la administración, cuando un contrato administrativo se vea inmerso en una modificación que altere el precio en un determinado porcentaje o que la alteración del contrato se vea aislada o conjuntamente afectada por más de un determinado porcentaje estipulado principalmente, deberá de ser sacado nuevamente a licitación.
   El precio de la licitación no podrá ser inferior al que marque el convenio colectivo que regula dicho sector laboral, ya que en el caso contrario podría dar lugar a la exclusión de la contratación (art. 149 de la nueva Ley).
   Los contratación menor varía su cuantificación y duración: la misma no podrá sobrepasar de un año y el precio máximo será de 40.000€ más IVA para los contratos de obra y los 15.000€ más IVA para los contratos de servicios y suministros.
   Ahora bien, sin lugar a dudas, es más que probable que este nuevo precepto relacionado con la contratación menor referente a “contratos de suministros o servicios” sea objeto de modificación en cuestión de meses, ya que el mismo no tiene encaje en muchos de los contratos.
    Veamos un ejemplo: un ayuntamiento contrata un servicio jurídico valorado en 10.000€ para un determinado procedimiento judicial. Pues bien, como es de entender, dicho procedimiento va a superar el año debido al atasco que hay en los juzgados. Por lo tanto, estaríamos sobrepasando el plazo de un año establecido en la ley para la contratación menor y el mismo será objeto de impugnación y resolución.
   Por lo tanto, en materia de contratos menores, en escasos meses observaremos una modificación en la nueva ley para que los mismos tengan encaje con la realidad existente.


                                                                                     Joan Ponsoda, abogado


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