La comarca de la Safor vive una transformación silenciosa en materia de seguridad vial urbana. Dieciséis municipios han apostado ya por los radares pedagógicos como herramienta de educación vial, mientras otros optan por lectores de matrículas o medidas físicas para reducir la velocidad. La cifra es significativa si se considera que, a 50 kilómetros por hora, las probabilidades de muerte para un peatón alcanzan el 90 por ciento, una realidad que ha impulsado a los ayuntamientos a buscar fórmulas que no siempre pasan por la multa inmediata.
La modificación del Reglamento General de Circulación, impulsada por la Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias, estableció el límite genérico de 30 kilómetros por hora en vías urbanas de único carril por sentido desde el 11 de mayo de 2021. Superar esta velocidad puede acarrear sanciones de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta seis puntos del carné, pero muchos consistorios han entendido que la pedagogía debe preceder al castigo. En este contexto, Gandia lidera la comarca con once aparatos instalados, seguido de municipios como Oliva, Tavernes de la Valldigna, Beniarjó, Beniflà, l’Alqueria de la Comtessa, Daimús, Almoines, Xeresa, la Font d’en Carròs, Rafelcofer, Castellonet de la Conquesta, Piles, Miramar y Palmera, que completan el mapa de dispositivos no sancionadores.
Implantación progresiva y respuesta ciudadana en los municipios de la Safor
Gandia no solo acumula el mayor número de radares pedagógicos, sino que ha logrado que 15 municipios de la comarca cuenten con al menos uno de estos dispositivos. La instalación masiva responde a una estrategia municipalista que prioriza la visibilidad de la velocidad sobre el sancionismo inmediato. En Castellonet de la Conquesta, el municipio menos poblado de la comarca, el alcalde Rafa Mafé valora positivamente la acogida: «La ciudadanía es bastante respetuosa y conduce con precaución». Un testimonio que contrasta con la experiencia de Beniarjó, donde desde el consistorio reconocen que el radar «no cumple la finalidad de su instalación, ya que la gente no hace caso».
Xeresa mantiene desde 2019 un radar pedagógico situado en una de las entradas que conecta con Xeraco, junto a un almacén donde trabajan numerosos vecinos. La alcaldesa, Anabel Peiró, explica que «está colocado en un punto que era necesario porque, en las horas punta de cambio de turno del almacén, cruza suficiente gente que sale del trabajo para ir al parking a por el vehículo. Creo que la gente sí que hace caso». Sin embargo, Almoines presenta un escenario distinto: pese a disponer de dos radares pedagógicos, su efecto se ha erosionado con el paso del tiempo. El alcalde, Joan Cardona, apunta que «al principio, sí que tuvieron efecto, pero la gente ha dejado de respetarlos cuando ha sabido que no sirven para multar». Por esta razón, el municipio ha complementado la medida con un semáforo que sanciona los excesos de velocidad, evidenciando que la pedagogía pura puede resultar insuficiente sin un respaldo coercitivo.
La realidad de la Safor no se entiende sin su dinamismo social y comercial. Los mercadillos ambulantes de la Safor concentran gran afluencia de peatones en horarios específicos, lo que convierte el control de velocidad en una necesidad evidente para proteger a vecinos y visitantes. Del mismo modo, eventos culturales como el Trofeu Mancomunitat de Raspall reúnen a miles de personas en las calles, generando puntos de conflicto potencial entre vehículos y peatones que justifican la presencia de estos dispositivos de advertencia.
Lectores de matrículas y medidas alternativas ante el agotamiento de la pedagogía
Frente a los radares pedagógicos, algunos municipios han optado por tecnologías de lectura de matrículas o medidas físicas disuasorias. Llocnou de Sant Jeroni estudió la instalación de radares educativos pero finalmente desplegó cámaras lectoras de matrículas en las tres vías de acceso a la población, buscando una identificación más efectiva de los infractores. Xeraco, por su parte, ha elegido pasos peatonales elevados y algún «lomo de asno» para reducir la velocidad, según explica su alcalde, Avelino Mascarell, quien señala que «hemos optado por pasos peatonales elevados y algún lomo de asno para reducir la velocidad».
La situación del transporte público en la comarca añade un factor relevante al análisis de la siniestralidad. Mientras los usuarios del Cercanías C1 Gandia-Valencia denuncian carencias en el servicio ferroviario que los deja «tirados y sin alternativas», muchos residentes dependen del vehículo privado para sus desplazamientos, incrementando la presión sobre las vías urbanas. Esta circunstancia explica que municipios como Ador adquieran aparatos pedagógicos para instalarlos en las próximas semanas, y que Palma de Gandia y el Real de Gandia hayan previsto solicitar en 2027 la subvención correspondiente para dotarse de estos dispositivos.
La experiencia de la Safor refleja un debate nacional sobre el equilibrio entre educación y sanción en materia de tráfico. Los radares pedagógicos funcionan como espejo digital que obliga al conductor a ver su velocidad, pero su efectividad depende de la cultura vial de cada comunidad. Cuando los vecinos interiorizan el riesgo, el dispositivo cumple su función; cuando se percibe como un juego sin consecuencias, la necesidad de complementarlo con medidas sancionadoras o físicas se vuelve inevitable. La apuesta por los lectores de matrículas en Llocnou de Sant Jeroni y la combinación de radares con semáforos sancionadores en Almoines demuestran que los municipios están adaptando sus estrategias a las respuestas reales de la ciudadanía, buscando fórmulas que realmente reduzcan la siniestralidad en unas vías donde cada kilómetro por hora puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
