La imagen de un coche oxidado consumido por la salitre junto al paseo marítimo, o la de un patinete eléctrico volcado en una acera céntrica durante semanas, dejaron de ser parte del paisaje habitual de Oliva. La Policía Local ha cerrado un balance contundente tras dos meses de trabajo silencioso pero intenso: 232 vehículos fuera de uso han sido identificados, notificados y tramitados administrativamente, de los cuales 109 han completado ya el ciclo completo hasta su destrucción y baja definitiva en el desguace autorizado. La operación, impulsada desde la alcaldía y la concejalía de Seguridad Ciudadana, no responde solo a una cuestión estética, sino a una estrategia integral para recuperar el espacio público, eliminar focos de insalubridad y cerrar la puerta a la economía sumergida que a menudo se esconde tras los chatarros abandonados.
La anatomía de una limpieza masiva: de bicicletas a turismos
El desglose de la intervención revela la diversidad del problema al que se enfrentaban los agentes. No se trata únicamente de automóviles viejos; el inventario gestionado en el Depósito Municipal y en la propia vía pública incluye 35 turismos, 42 motocicletas y ciclomotores, 25 bicicletas y 7 vehículos de movilidad personal (VMP). Cada tipología requiere un procedimiento administrativo distinto, desde la localización del titular —a menudo residente en otra provincia o incluso en el extranjero— hasta la notificación fehaciente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) cuando el propietario es desconocido o no comparece. El hecho de que casi la mitad de los expedientes (109 de 232) hayan culminado en la baja definitiva en apenas sesenta días habla de una maquinaria administrativa engrasada, donde la coordinación entre la Jefatura de Policía, el servicio de grúa municipal y los centros de tratamiento de vehículos (CAT) ha funcionado con una celeridad inusual en la administración local.
El proceso, lejos de ser una simple retirada con grúa, implica un rigor jurídico exhaustivo. Primero, la identificación física y la comprobación de si el vehículo tiene seguro en vigor, ITV caducada o si figura como sustraído. Luego, la notificación al titular otorgando un plazo para la reclamación o retirada voluntaria. Transcurrido ese tiempo sin respuesta, se incoa el expediente de declaración de abandono, se solicita la baja en Tráfico y se autoriza la destrucción como residuo. Esta cadena de custodia garantiza que no se vulneran derechos de propiedad y que los materiales —acero, aluminio, plásticos, fluidos contaminantes— entran en el circuito de reciclaje autorizado, evitando vertidos incontrolados en ramblas o partidas rurales.
El frente paralelo: la regulación de los patinetes y la nueva movilidad
La actuación sobre los vehículos tradicionales —coches y motos— se ha complementado con un golpe de autoridad sobre el fenómeno más reciente y conflictivo: la movilidad personal. Hace apenas unos días, la Policía Local inmovilizaba más de 60 patinetes eléctricos en una serie de controles específicos diseñados para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Los agentes verificaron aspectos que a menudo pasan desapercibidos para el usuario ocasional pero que son críticos para la seguridad vial: límite de velocidad por construcción (25 km/h), certificado de circulación, sistema de frenado eficaz, timbre, luces homologadas y, fundamentalmente, la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales.
Esta doble vía de actuación —limpieza de chatarra antigua y disciplina de la movilidad nueva— dibuja el mapa de prioridades de la ciudad. Oliva, como tantos municipios de la Safor, ha visto multiplicarse la presencia de VMP en sus calles estrechas y su extenso paseo marítimo, generando conflictos de convivencia con peatones, especialmente en temporada alta. La inmovilización de sesenta unidades en una sola operación no es solo una cifra estadística; es un mensaje claro de que la permisividad ha terminado. Los propietarios de los patinetes retirados se enfrentan ahora a sanciones económicas y a la obligación de subsanar las deficiencias técnicas o acreditar la documentación para recuperar sus vehículos, asumiendo además los costes de grúa y depósito.
El concejal responsable del área ha subrayado que el objetivo final es una «ciudad más ordenada y más limpia», un lema que trasciende lo cosmético. Un vehículo abandonado es un imán para la delincuencia (vandalismo, ocultación de sustancias, refugio de roedores), un riesgo medioambiental (fugas de aceites, líquidos de frenos, baterías) y un obstáculo físico para la limpieza viaria y la accesibilidad. Del mismo modo, un patinete que circula a 30 km/h por una acera llena de terrazas y niños es una amenaza latente. La estrategia municipal, por tanto, ataca las dos patas del problema: el residuo estático y el riesgo dinámico.
La operación continúa abierta. Los 123 expedientes restantes siguen su curso administrativo en distintas fases de notificación, y la Policía Local ha anunciado que los controles de VMP se mantendrán de forma indefinida y aleatoria en distintos puntos del término municipal. La presión sobre los titulares de vehículos en desuso —muchos de ellos «coches de segunda mano» que cambian de mano sin transferencia oficial para evadir impuestos o responsabilidades— se intensificará con campañas de concienciación y la amenaza real de la grúa municipal. Oliva ha decidido que sus calles no son un aparcamiento gratuito e ilimitado ni un circuito sin reglas para la movilidad eléctrica, y los primeros resultados avalan la dureza de la medida.
